Los Derechos Económicos, Sociales y Políticos hablan de cuestiones tan básicas para la dignidad humana como la alimentación, la salud, la vivienda, el trabajo, la educación y el agua. En el caso de España que existan más de 800 millones de personas que sufran malnutrición crónica o que más de 100 millones de menores no tengan acceso a la educación primaria es un escándalo para los derechos humanos. (Amnesty, 2011)
Todos los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. Las violaciones de los Derechos Económicos, sociales y políticos (por ejemplo, que muchas personas no tengan trabajo, negar los derechos de educación a las minorías y prestar servicios de atención médica de manera no equitativa) a menudo están relacionadas con violaciones de los derechos civiles y políticos en forma de negaciones reiteradas.
En España los derechos económicos no han sido del todo cumplidos y esto se traduce en graves impactos en la vida de las personas. Por ejemplo la Tasa de desempleo en España rompe récord (en el 2011), pues subió al 21.3 por ciento, con casi 5 millones de desempleados. Lo que trae como consecuencia que los niveles de la calidad de vida sean menores, y que la brecha entre ricos y pobres cada vez se ensanche. (Daniel Woolls, 2011)
El Gobierno Español debe de tomar medidas para que se logre el pleno disfrute de los derechos de las personas. Pero cómo deben ser éstas medidas tomadas por el gobierno, ¿cómo puede haber una para que la distribución de los recursos sea equitativa?, y ¿Qué se puede hacer para que los derechos (económicos, sociales y políticos) se cumplan adecuadamente?
En España no existe una institución nacional de Empleo, sino que sólo existe el Servicio Público de Empleo Estatal quien es el responsable de la ordenación, desarrollo y seguimiento de los programas y medidas de la política de empleo a nivel nacional. Que junto con los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas forman el sistema Nacional de Empleo. (SEPE, 2011)
Hipótesis
Si el Gobierno español tuviera una participación activa en la creación de instituciones encargadas de el manejo, la coordinación y la vigilancia del cumplimiento de los derechos económicos, sociales y políticos, España tendría una mejor manera que los derechos se cumplieran. Por ejemplo, si se creará una institución a nivel nacional encargada de la creación y supervisión del empleo, el país tendría más alternativas para enfrentar las situaciones del desempleo, que simplemente tener un Servicio público de empleo Estatal que coordine de manera ineficiente.
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